Por: Kristian Hölge y Aran Mayola

Este artículo se publicó originalmente en NEXOS.

La prevención de la corrupción —al igual que la de las drogas, el crimen organizado y tantos otros males— debe considerarse una responsabilidad compartida entre lo público y lo privado. En el caso de los negocios, este compromiso necesariamente tiene que materializarse en el ejercicio de la responsabilidad social empresarial (RSE), según la cual, la empresa no solamente debe ocuparse con atención de sus productos y servicios, sino también de la manera como los genera y el impacto que tienen.

Los hechos hablan por sí mismos:

Los negocios necesitan mercados sanos y competitivos. Uno de los principales componentes para asegurar la viabilidad de la economía de un país es la estabilidad de sus condiciones de mercado.

La corrupción distorsiona los mercados. Al atentar contralas reglasque deberían regir la relación entre los actores que participan en el mercado, la corrupción —a través del soborno o la influencia indebida— crea competencia desleal, reduce la inversión económica y ocasiona ineficiencias derivadas del aumento de los costos de hacer negocios.

La última edición del Índice de Competitividad Global, publicada en 2019 por el Foro Económico Mundial, sitúa a México entre los 25 países —de una lista de 141— en los que la corrupción tiene una mayor incidencia en detrimento de la competitividad. De hecho, el empresariado encuestado para elaborar dicho Índice, en su edición de 2017-2018, identificó la corrupción como el principal problema para hacer negocios en el país.

Así, de acuerdo con la Encuesta sobre Actitudes hacia la Corrupción en los Negocios Internacionales, publicada en 2015 por la consultora internacional Control Risks, el 41 % de las empresas encuestadas en México aseguró haber perdido contratos en procesos en los que hubo fuerte evidencia circunstancial de soborno por parte del competidor que resultó exitoso.

Los negocios son saqueados por la corrupción. La corrupción no sólo genera competencia desleal. También aumenta los costos para las empresas, tanto para aquellas que deliberadamente entregan dinero o regalos al funcionariado público a cambio de beneficios en sus decisiones, como para las que incurren en sobornos para obtener acceso a un servicio o bien público. Estos costos no sólo hacen referencia al valor monetario del soborno, sino también a costos indirectos, como una reducción en la productividad y un encarecimiento del acceso a recursos de capital.

Sirvan dos muestras: por un lado, la Encuesta de Empresas de México, publicada por el Banco Mundial en 2010, identificó que el 34.9 % de las compañías enfrentó la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental, y que el costo de dicho soborno representó el 4.5 % del valor del contrato. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI, en 2016, seis de cada diez unidades económicas en México consideraban que los actos de corrupción se producían para agilizar trámites. Teniendo en cuenta tanto esta forma de corrupción, como aquella relacionada con sobornos para evitar sanciones, los costos para las empresas en México derivados de su interacción con las autoridades ascendían a 1 612 millones de pesos.

La ausencia de controles anticorrupción al interior de las empresas genera pérdidas millonarias. Muchas empresas carecen todavía de políticas claras de integridad, procesos, herramientas o estructuras internas que les permitan prevenir, detectar y sancionar fraudes y actos de corrupción en su interior.

De acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos de 2018, de la consultora internacional PwC, 58 % de las empresas encuestadas experimentó algún delito económico. El soborno y la corrupción fueron el segundo tipo de delito más común, con una incidencia del 30 %. A pesar de esto, sólo una de cada tres empresas en México llevó a cabo evaluaciones de riesgo de corrupción durante ese año. Según la misma encuesta, y teniendo en cuenta solamente el delito económico más disruptivo para cada empresa, los montos perdidos oscilan entre uno y cinco millones de dólares para el 13 % de las empresas; entre cinco y 100 millones, para el 8 %; y en más de 100 millones para el 1 %.

Ante esta realidad, el sector privado —apoyado por los gremios más representativos— tiene que ejercer la RSE sin suscitar preocupaciones, porque disminuir la corrupción resulta un buen negocio para las entidades económicas. La corrupción es una cuestión de manejo de riesgo, lo cual es reconocido como algo beneficioso para toda empresa. En última instancia, es una cuestión de rentabilidad y sostenibilidad.

Las empresas deben tener en cuenta que la naturaleza del riesgo de corrupción es diferente al manejo de otros riesgos. La razón es que éste se encuentra transversalmente en toda su cadena de valor, sin importar el tamaño o el sector, y resulta imposible asegurarse del todo; no obstante, es posible gestionarlo.

Su manejo consiste en el diseño de políticas y la implementación de procedimientos de administración de riesgo que promuevan esquemas para evitar la materialización de la corrupción. En resumen, el sector privado tiene el reto o, más bien, la oportunidad de construir un estándar de RSE anticorrupción. Ésta supone una multitud de beneficios, que se dividen entre lo individual (empresa) y lo colectivo (sector):

Ventajas individuales de la RSE:
1. Reduce el costo de hacer negocios y el riesgo de sanciones administrativas o legales, además del riesgo reputacional, en caso de ser encontrados culpables de corrupción.
2. Atrae a clientes, inversionistas y personal con integridad.
3. Facilita la toma de decisiones y complementa los modelos de manejo de riesgos ya establecidos.

Ventajas colectivas de la RSE:
1. Adelanta iniciativas regulatorias y garantiza participación en procesos de co-regulación con el Estado.
2. Promueve condiciones de mercados más justos.
3. Mejora la confianza pública y la reputación sectorial/gremial.

Estas ventajas suceden en un contexto marcado por un cambio de paradigma, como lo demuestran tanto la incorporación de las personas morales en el régimen de responsabilidades administrativas, como la inclusión de un capítulo anticorrupción en el T-MEC, en vigor desde el pasado 1 de julio. La implementación del estándar se convertirá en un sello de calidad que las empresas pueden aprovechar comercialmente.

Kristian Hölge
Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México.

Aran Mayola
Experto anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México.